Across the Americas

Canada is "very close" to concluding free trade negotiations with Colombia, Trade Minister David Emerson said on Monday, calling those opposed to the deal on human rights grounds as "dogmatic." Emerson also presented legislation to Parliament to enact a free trade pact with the European Free Trade Association, comprised of Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein.

El presidente Álvaro Uribe tuvo la desfachatez de insinuar que quienes se oponen al TLC y en general a su gobierno han ordenado el asesinato de los líderes sindicales en Colombia, para evitar que se apruebe este Tratado en el congreso de Estados Unidos.

Lately, the US labor movement has been accused of "lying" about the violence confronting unionists in Colombia. The accusers' argument is that "only" 39 unionists were killed last year in Colombia. Commentators who use "only" and "merely" to describe 39 murders do not value the sanctity of human life. In addition, they ignore the fact that, even while union killings declined in 2007, the Colombian military's share of such killings actually rose.

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, sancionó hoy la ley que aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, cuyo acuerdo fue pactado por negociadores de ambas naciones el 27 de noviembre de 2006.

El mito antioqueño, construido sobre la base de la pujanza, la industrialización, la ambición del desarrollo, la ética empresarial y el liderazgo político, está siendo sacudido por los efectos de la llamada parapolítica. Pero como todo mito persiste en sobrevivir, no han faltado voces para salir en su defensa, reinventarlo y mantenerlo vigente, muy a pesar del dolor de las víctimas, de las miles de víctimas que la guerra contrainsurgente dejó a su paso por todos los rincones del departamento

Una orden de captura expidió la Fiscalía 32 especializada de Barranquilla contra el Teniente Juan Carlos Galvis Cadavid, los soldados Pedro Luís Benavides Martínez y Néstor Emilio Correa Tapias, por el asesinato el pasado 21 de enero de 2006, de tres indígenas de la comunidad Wayúu. Ese día, el Teniente Galvis y los soldados Benavides y Correa, adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal -GAULA-, acompañados por detectives del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS -, y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones - CTI -, irrumpieron en el corregimiento de Ware Waren (Comunidad de Wasimal), municipio de Albania, departamento de la Guajira, disparando indiscriminadamente contra indígenas de la comunidad Wayúu que celebraban una fiesta de pacto de matrimonio

El pasado 22 de abril, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 30 años de prisión al teniente del Ejército nacional Carlos Andrés Lora Cabrales y al cabo tercero César Augusto Mosquera Guerrero, y a 15 años de cárcel a los soldados profesionales Rodolfo Martínez Díaz, Adanir Tarazona Ríos, Everardo Antonio Martínez Martínez, Abel Domingo Salcedo Jiménez, Luis Hernán Salgado Flórez y Edgar David Ramos Medina, por su responsabilidad en el “homicidio en persona protegida” del indígena Kankuamo Juan Enemías Daza Carrillo

El fin de semana pasado, los 6 jueces del Tribunal Internacional de Opinión sobre desapariciones Forzadas en Colombia, condenaron al Estado colombiano y sus representantes por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa.

En vísperas de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las victimas, el señor RAFAEL NIETO LOAIZA escribió en la revista SEMANA edición 1347: “La marcha del 6 de marzo será un fiasco. Me niego de plano a aceptar que el Estado colombiano sea un Estado criminal, que es la consecuencia que se desprende de aceptar la tesis sobre los crímenes de Estado. El comportamiento delincuencial de algunos no se puede extender de manera que se estigmatice todo el Estado. Incurren además los organizadores en otro error, al meter en el mismo saco los delitos de los paras y los cometidos por la Fuerza Pública. Al hacerlo, transforman a las Fuerzas Militares y la Policía en otra facción de asesinos, equiparable a los primeros. Esa afirmación, por supuesto, no sólo es falsa, sino injusta.”, En idéntico sentido escribieron el Consejero José Obdulio Gaviria, el impotable Plinio Apuleyo, el Ex ministro Uribista Londoño Hoyos y otros.

Respetar y aplicar los derechos consagrados en la declaración de Derechos de los pueblos Indígenas del Mundo, garantizar el cumplimiento de los derechos logrados en el marco del convenio 169 de la OIT, ratificado mediante ley 21 de 1991, y acciones oportunas para el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral colectivas, son algunas de las peticiones realizadas al Estado Colombiano por los más 200 asistentes a la Audiencia Preliminar Indígena, del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizada en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, los pasados 18 y 19 de abril.

Desde Humanidad Vigente celebramos que el pasado 23 de abril en horas de la tarde el fiscal 37 de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín, ordenó el cierre definitivo de las investigaciones contra Oscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), quienes el año pasado habían sido encarcelados injustamente bajo el cargo de rebelión en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. La investigación se cerró debido a la ausencia de unas pruebas que evidentemente nunca han existido.

Nuevamente como hace más de una década, como parte de la memoria colectiva de América, como lazos de lucha contra la impunidad, una invitación de encuentro entre los pueblos del Norte y del Sur. Las actuaciones imperiales son posibles con la ocupación de las mentes, de los territorios, de las almas, y la militarización y el uso de la fuerza contra las organizaciones que construyen otro tipo de democracia.

Nosotros los pueblos indígenas U’was y Sikuani de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Santander, junto con otros pueblos indígenas de Colombia y Venezuela, acompañados de los sectores sociales del oriente, la comunidad nacional e internacional; nos reunimos en el marco de la Audiencia Indígena que desarrollaremos en la Sierra Nevada y la gran Audiencia final en Bogotá, del Tribunal Permanente de los Pueblos, y haciendo uso de nuestra autonomía, gobierno propio y el derecho absoluto que tienen los pueblos originarios, cumplir con nuestra audiencia preliminar y en ella discutir y determinar sobre la problemática que hoy afectan a nuestras comunidades, respecto a la intervención del Estado y de las empresas Trasnacionales y sus proyectos económicos en nuestros territorios.

No cabe duda que Stiglitz, premio Nobel de Economía, sabe más de economía que el presidente Uribe. Por eso, aunque Uribe sea “My Presidente”, me convencen más los argumentos de Stiglitz sobre los TLC impulsados por Estados Unidos para imponerle al mundo, especialmente a su “Patio Trasero”, una visión comercial muy a su medida y particular conveniencia en todos los campos.

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, incluso admitió estar "preocupado" por las consecuencias en materia de seguridad que tendría para Norteamérica un rechazo al acuerdo comercial.

  A continuación comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica   http://www.rree.go.cr/    Cancillería considera improcedente asilo de señor Mario Uribe Escobar 22 de abril del 2008. En respuesta a consultas de la prensa formuladas hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite hacer de conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Carta del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado al Embajador de Costa Rica en Colombia pidiendo que no se conceda el asilo al Senador Marío Uribe. "...MARIO URIBE ESCOBAR, se desempeñó como político en Antioquia, por el Partido Colombia Democrática, es primo hermano del Presidente de Colombia ALVARO URIBE VÉLEZ, fundador y vocero de su partido, y ex presidente del Senado, y en la actualidad se encuentra vinculado a investigación por el delito de Concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con organizaciones paramilitares; presuntas reuniones con estas estructuras ilegales; presunto apoyo paramilitar en su campaña electoral. El ex senador MARIO URIBE ESCOBAR, fue vinculado al proceso por las informaciones suministradas por el ex paramilitar JAIRO CASTILLO PERALTA, recaudadas desde hace ocho años, en virtud de las cuales se estableció que URIBE ESCOBAR asistió a varias reuniones en Antioquia, Córdoba y Sucre, para presuntamente obtener tierras con organizaciones paramilitares en Antioquia y Sucre, lo que le valió ser propietario de grandes extensiones de tierra. Según el mismo Castillo, "la estrategia era la de intimidar a los finqueros para comprarles barato sus predios"..."

Las consecuencias destructivas de los TLC son hechos incontestables. En estas circunstancias, la lucha de los pueblos por su sobrevivencia es sumamente dolorosa. Mientras decenas de miles optan por la travesía de la migración, los que luchan por el derecho de no emigrar resisten mediante enconadas luchas de clases a las políticas destructivas de las corporaciones y de los gobiernos a su servicio

Los resultados que viene arrojando la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la masacre de 8 personas, 5 adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, demuestra que, poco a poco, la verdad de las comunidades se impone a la mentira estatal, así esta última sea repetida mil veces.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las recientes amenazas proferidas contra defensoras y defensores de derechos humanos y contra miembros de organizaciones sociales en Colombia. La Comisión ha recibido información que revela que, como consecuencia de la convocatoria y participación en una marcha el pasado 6 de marzo, organizaciones sociales y de derechos humanos han recibido amenazas de muerte.